Lo dijo ayer , en el Congreso, Rosa Díez y lo comparten la mayoría de los españoles: La expulsión de las marcas de ETA de las instituciones sólo depende de la voluntad política del Gobierno.
Tal y como permite la ley (y se hizo en Marbella, por ejemplo) se puede impedir que continúe el asalto de los terroristas a los cargos y los dineros públicos. Y se debe hacer inmediatamente so pena de pensar que hay cálculos electoralistas del PSOE, más allá de la elemental justicia que supone impedir que los asesinos paguen sus armas con nuestro dinero.
Podremos obviar que fueron esos cálculos perversos, del Ejecutivo y su Fiscal General, los que permitieron que ETA mangonee en algunas localidades y utilice esos cargos para matar, extorsionar y señalar objetivos. Pero no podremos dejar de acusar a ese Gobierno si vuelve a haber un asesinato como el de Azpeítia y siguen sus aseinos dirigiendo la Casa Consistorial.
No valen excusas ni aplazamientos.
El Guadalquivir 